La Ley 11/2021, conocida como ley antifraude, trae consigo cambios significativos para empresas y autónomos en España en la lucha contra el fraude fiscal. Con un enfoque en la transparencia y el control de los procesos contables, esta ley impone nuevas normas para los sistemas de facturación y contabilidad, que ahora deberán cumplir con criterios estrictos de certificación y trazabilidad.
La ley establece una serie de requisitos específicos que todo software de facturación y contabilidad debe cumplir para evitar la manipulación de los datos contables. Los sistemas deben garantizar la integridad, conservación, legibilidad, trazabilidad, accesibilidad e inalterabilidad de los registros, de forma que la información fiscal sea veraz y no pueda ser alterada.
Esta normativa afecta a todas las empresas y profesionales autónomos en España que emitan facturas, salvo excepciones como aquellos ubicados en Canarias o territorios forales, así como las empresas que utilicen el Sistema de Suministro Inmediato de Información (SII). Para el resto, contar con un software de facturación certificado se convertirá en un requisito fundamental.
Para cumplir con la ley antifraude, los programas de facturación deberán contar con certificación oficial y capacidad para generar facturas con código QR, que se enviarán automáticamente a la Agencia Tributaria. Esto garantiza que cada transacción esté registrada de manera que no se pueda modificar ni eliminar, cumpliendo con los estándares de Hacienda.
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El uso de un software de facturación certificado será obligatorio a partir del 1 de julio de 2025. Para entonces, las empresas y autónomos deberán contar con un sistema que cumpla con todos los requisitos de la ley antifraude.
La ley antifraude contempla sanciones importantes para aquellos que no cumplan con los nuevos estándares. Tanto las empresas que utilicen software sin homologación como los fabricantes de estos programas podrían enfrentarse a multas que oscilan entre los 50.000 y 150.000 euros.